COLUMNA DE OPINIÓN – CONTROL DE DAÑOS

Como IPAE Asociación Empresarial hemos venido lamentando los ataques sistemáticos del gobierno a la democracia y el correcto funcionamiento del Estado. Al respecto, hemos señalado que la permanencia de Pedro Castillo es insostenible y debemos ir hacia un adelanto de elecciones, previa reforma política.

En tanto lo anterior se concrete, también hemos demandado que las instituciones de contrapeso como Fiscalía, Contraloría y Congreso actúen de manera enérgica, para evitar un mayor deterioro de la democracia y desmantelamiento del Estado.

En primer lugar, Fiscalía debe avanzar en los procesos de investigación al presidente Castillo por los casos de la concesión del Puente Tarata III, adquisición de Biodiesel B100, ascensos militares y plagio de tesis. Dilatar la investigación sería avalar la impunidad; la investigación debe retomarse y toda autoridad debe saber que sus actos ilícitos no quedarán impunes.

En segundo lugar, la Contraloría General de la República debe iniciar acciones contra ministros, viceministros y secretarios generales que no cuenten con idoneidad para el ejercicio de la función pública, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 31419 y 31457. Contraloría debe actuar contra quienes incumplan estos ordenamientos y mostrar los resultados de sus acciones de control. En simultáneo debemos exigir al Ejecutivo que informe sobre su adecuación a las normas referidas.

En tercer lugar, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otros, deben reunirse como Consejo de Estado -aún en ausencia del Presidente de la República-, y abordar temas esenciales como: (i) neutralidad en las próximas elecciones regionales y locales, (ii) acciones para proteger la libertad de prensa y de expresión, (iii) cumplimiento de requisitos para designación de ministros, viceministros y secretarios generales, (iv) celeridad en las investigaciones que involucran al Presidente y altos funcionarios.

Finalmente, es importante que el Congreso cumpla sin dilación en interpelar y censurar a ministros con serios cuestionamientos. La decisión de ordenar una inmovilización con vicios de inconstitucionalidad el 5 de abril y otras alertas muy graves reportadas esta semana por la Plataforma Vigilantes, de la cual IPAE es parte, no deben quedar sin responsables políticos.

Debemos avanzar en los tres frentes: reforma política, adelanto de elecciones y control de daños. Demandemos como sociedad civil y ciudadanía que ello sea así.

COMUNICADO – Ejecutivo no debe debilitar institucionalidad de SERVIR

Desde IPAE Asociación Empresarial, como miembro activo de la sociedad civil que promueve la gobernabilidad, el desarrollo de la inversión privada y la economía social de mercado, vemos con mucha preocupación que, según el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, se esté contemplando que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) sea adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y no a la PCM, como es actualmente.

Alertamos que este cambio sería un duro golpe a la institucionalidad de SERVIR, así como un serio retroceso en la implementación de la meritocracia en el sector público y, por tanto, sería ir contra los intereses de la ciudadanía de recibir servicios públicos de calidad de las entidades del Estado.

Resulta lamentable que el Poder Ejecutivo esté contemplando este cambio, aun cuando la instancia técnica competente de la PCM ha emitido un informe en contra de esta decisión y cuya opinión favorable es un requisito legal para proceder a un cambio de adscripción.

Queremos resaltar que el propio Gobierno ha indicado como un eje estratégico el fortalecimiento del servicio civil (conforme al DS 164-2021-PCM), con el cual no son coherentes ni el cambio de adscripción ni las reiteradas designaciones y permanencia en sus puestos de personal con cuestionamientos éticos y sin capacidades técnicas. Estos constantes errores traen como consecuencia, entre otros, la salida de personal competente de las entidades públicas como ocurrió en el Ministerio de Salud y del Ambiente; la ralentización en la inversión pública; y que servicios como la emisión de la licencia de conducir y el pasaporte se realicen de manera tardía e ineficiente.

Desde IPAE hacemos un llamado al Presidente Castillo para que anteponga los intereses de la ciudadanía fortaleciendo y no debilitando la institucionalidad de SERVIR, así como aplicando lo contemplado en la Ley 31419, referida a los requisitos que deben cumplir las personas en altos cargos de la administración pública, que estableció un plazo para la adecuación de los servidores en funciones, que vence esta semana.

De igual modo, hacemos un llamado al Congreso de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo a ejercer los controles necesarios. Toda la sociedad, ciudadanos y empresarios, debemos estar vigilantes en defensa de un servicio civil que responda a los intereses de la ciudadanía.

Marzo de 2022

 

 

COLUMNA DE OPNIÓN – EL 8 DE MARZO, NADA QUE CELEBRAR

Por Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial.

El camino para lograr la igualdad entre hombres y mujeres aún es largo, y recientemente lo es más, luego de retrocesos con el gobierno actual.

El nombramiento de ministros y autoridades que son agresores probablemente sea lo más preocupante, porque transmite equivocadamente la idea de que ello se puede tolerar. Quien no respeta a su esposa o hija, que son su núcleo más cercano, menos respetará a su comunidad, ya sea que se trate de una región o la sociedad en su conjunto.

Hemos retrocedido también en la participación de la mujer, con sucesivos gabinetes con mínima participación de mujeres, en el que actualmente hay solo 3 de un total de 18 ministerios.

A nivel personal tenemos la responsabilidad de rebelarnos contra nombramientos y decisiones que atentan contra la igualdad de oportunidades. Para comenzar, exijamos que agresores que siguen de ministros o funcionarios salgan del Estado. Y en las próximas elecciones regionales y locales, asegurémonos de que nuestro voto sea por personas sin un pasado agresor. Los partidos políticos y el Jurado Nacional de Elecciones deben ser activos en detectar a los candidatos agresores y evitar su postulación.

Desde IPAE seguiremos impulsando la iniciativa de Líderes por la Equidad de Género, que promueve la equidad en y desde las organizaciones, que persigue la igualdad de oportunidades, la erradicación de sesgos inconscientes, la comunicación inclusiva, la tolerancia cero a la violencia de género y el aprendizaje conjunto para avanzar en los temas anteriores.

Con un gobierno machista y autoritario, el camino es cuesta arriba. Por ello la especial relevancia de que las mujeres actuemos enérgicamente reclamando desde la sociedad civil cuando se configuren nuevos retrocesos, así como que las instituciones promuevan la equidad en su interior, así como desde sus trabajadores hacia sus familias y la sociedad.

El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, recordemos la lucha de mujeres y hombres por avanzar hacia la igualdad de género y renovemos nuestras energías como personas e instituciones para impulsar desde esos espacios una verdadera igualdad.

COLUMNA DE OPNION – CASTILLO CONTRA EL PUEBLO

Por Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial.

Los ciudadanos elegimos a autoridades para que dirijan el Estado y hagan que los servicios que brinda lleguen mejor a la ciudadanía. Al emitir el voto, hay la esperanza de que quienes resulten electos tengan un compromiso de servir y que tomarán decisiones que beneficien a los peruanos.

Las primeras decisiones de un presidente se refieren a conformar un equipo de ministros que pueda cumplir esa esperanza, de hacer que el Estado funcione mejor, y así cumpla con los derechos ciudadanos que la Constitución reconoce. Se trata de seleccionar funcionarios idóneos, con amplia experiencia profesional y sólidos principios morales y democráticos, para que impulsen una administración pública eficiente que promueva y cautele dichos derechos.

Ello significa anteponer los intereses ciudadanos a los de los funcionarios, prevenir la corrupción y garantizar la provisión de servicios públicos.

Lo que viene ocurriendo es todo lo contrario, con nombramientos de personas con denuncias de violencia sexual, investigaciones por corrupción, además, de no contar con los conocimientos y experiencia que exigen los cargos. Al hacer estos nombramientos, Castillo va contra el pueblo, contra su esperanza de que el Estado brinde buena educación y salud para sus hijos, buenos caminos, servicios de luz y agua, y que genere un entorno favorable para la inversión que brinde oportunidades de empleo.

Como IPAE Asociación Empresarial propusimos hace unos meses en la #RutaPerú Eficiencia en el Sector Público: recursos humanos para servicios de calidad, que se incorporen requisitos mínimos para los puestos de ministros y viceministros de Estado. Al respecto, esta semana se aprobó la Ley 31419, que incorpora requisitos para los puestos de viceministros referidos a experiencia mínima e idoneidad moral.

Esta norma no establece requisitos para los ministros, pero existe una autógrafa que sí lo hace, la cual esperamos sea promulgada por el Poder Ejecutivo, o por el Poder Legislativo vía insistencia. Este proyecto de ley prohíbe la designación de ministros y viceministros que cuenten con sentencias por la comisión de delitos dolosos, y en los casos de PCM, MININTER y MINDEF indica que no pueden ser ministros quienes tengan acusación fiscal o estén siendo juzgados por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas.

Esperamos la pronta puesta en marcha de las normas mencionadas, en lo que será clave el rol de la Contraloría General de la República. Los ministros y viceministros que no tienen las capacidades para servir a los ciudadanos deben salir del Estado.

Fuente: Columna de Opinión publicada en el diario Correo el 19 de febrero de 2022

COLUMNA DE OPINIÓN – SISTEMA DE JUSTICIA OPORTUNO Y PREDECIBLE

Por Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial.

IPAE Asociación Empresarial tiene como misión convocar, reflexionar, proponer y ejecutar iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, la economía de mercado, la empresa y la educación en el Perú.

En el marco de esa misión, un pilar prioritario de nuestra actuación es impulsar una institucionalidad sólida, que incluye los principios de democracia representativa; administración pública eficaz y transparente; sistema de justicia oportuno y predecible; y, seguridad y orden interno que garantizan derechos fundamentales.

En relación a este pilar, esta semana emitimos un comunicado haciendo un llamado al Ministerio Público y al Poder Ejecutivo a no ir contra el derecho ciudadano y cimiento democrático de contar con un sistema de justicia oportuno y predecible.

Resaltamos que la denuncia realizada por la Procuradoría General del Estado, así como la decisión del Ministerio Público de abrir investigación preliminar al Presidente de la República, muestran que existen indicios de la presunta comisión de delitos que deben ser materia de investigación.

Al respecto, consideramos que el Ministerio Público debe actuar de manera oportuna y diligente en investigar los presuntos delitos, en fiel cumplimiento de sus obligaciones legales y de lo que establece su propia misión: “Prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley; (…); velar por la recta y efectiva administración de justicia.”

De similar manera, sobre las notas periodísticas que dan cuenta de la intención de destituir al Procurador General del Estado, quien está dirigiendo las investigaciones contra el Presidente de la República, en el comunicado exhortamos al Poder Ejecutivo a respetar la autonomía funcional de la Procuraduría, lo que es esencial para que cumpla su labor de ejercer la defensa jurídica del Estado.

Queda claro que el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo son piezas claves en un sistema de justicia oportuno y predecible, lo cual requiere que las investigaciones se realicen de manera oportuna, sin importar quien sea el implicado en los presuntos delitos, y que se respete la autonomía funcional de la Procuraduría. Esperamos que así sea.

Fuente: Columna de Opinión publicada en el diario Correo el 8 de enero de 2022