Por Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial.
Los ciudadanos elegimos a autoridades para que dirijan el Estado y hagan que los servicios que brinda lleguen mejor a la ciudadanía. Al emitir el voto, hay la esperanza de que quienes resulten electos tengan un compromiso de servir y que tomarán decisiones que beneficien a los peruanos.
Las primeras decisiones de un presidente se refieren a conformar un equipo de ministros que pueda cumplir esa esperanza, de hacer que el Estado funcione mejor, y así cumpla con los derechos ciudadanos que la Constitución reconoce. Se trata de seleccionar funcionarios idóneos, con amplia experiencia profesional y sólidos principios morales y democráticos, para que impulsen una administración pública eficiente que promueva y cautele dichos derechos.
Ello significa anteponer los intereses ciudadanos a los de los funcionarios, prevenir la corrupción y garantizar la provisión de servicios públicos.
Lo que viene ocurriendo es todo lo contrario, con nombramientos de personas con denuncias de violencia sexual, investigaciones por corrupción, además, de no contar con los conocimientos y experiencia que exigen los cargos. Al hacer estos nombramientos, Castillo va contra el pueblo, contra su esperanza de que el Estado brinde buena educación y salud para sus hijos, buenos caminos, servicios de luz y agua, y que genere un entorno favorable para la inversión que brinde oportunidades de empleo.
Como IPAE Asociación Empresarial propusimos hace unos meses en la #RutaPerú Eficiencia en el Sector Público: recursos humanos para servicios de calidad, que se incorporen requisitos mínimos para los puestos de ministros y viceministros de Estado. Al respecto, esta semana se aprobó la Ley 31419, que incorpora requisitos para los puestos de viceministros referidos a experiencia mínima e idoneidad moral.
Esta norma no establece requisitos para los ministros, pero existe una autógrafa que sí lo hace, la cual esperamos sea promulgada por el Poder Ejecutivo, o por el Poder Legislativo vía insistencia. Este proyecto de ley prohíbe la designación de ministros y viceministros que cuenten con sentencias por la comisión de delitos dolosos, y en los casos de PCM, MININTER y MINDEF indica que no pueden ser ministros quienes tengan acusación fiscal o estén siendo juzgados por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas.
Esperamos la pronta puesta en marcha de las normas mencionadas, en lo que será clave el rol de la Contraloría General de la República. Los ministros y viceministros que no tienen las capacidades para servir a los ciudadanos deben salir del Estado.
Fuente: Columna de Opinión publicada en el diario Correo el 19 de febrero de 2022