NOTA DE PRENSA – CADEx: «No se puede legislar de espaldas a la sociedad y se requiere voluntad política para hacer reformas»

Con el objetivo de discutir cuál es el mejor camino para formular leyes a favor del país y por qué es importante seguirlo, tema de suma relevancia a nivel nacional pero poco discutido y conocido, IPAE Asociación Empresarial presentó CADEx: “Buenas leyes y debido proceso”. Este evento contó con la participación de Diethell Columbus, congresista de la República; Óscar Urviola Hani, expresidente del Tribunal Constitucional; y Milagros Campos, abogada y politóloga. La sesión fue conducida por María Alejandra Campos, politóloga.

Al inicio de la presentación, María Alejandra Campos explicó cómo funciona el proceso parlamentario y lamentó que este no se esté cumpliendo en un gran número de leyes. Comentó, además, que, según investigaciones periodísticas, el 76% de las normas aprobadas no ha pasado por un examen o estudio técnico en las comisiones parlamentarias. Además, en el caso de los proyectos de la ONP, 21 de 22 proyectos no cumplían con estándares técnicos porque no contaban con el análisis costo-beneficio de la ley. “Esta situación se agrava por la gran producción legislativa que existe. Este Congreso presenta 2.5 propuestas por día, situación que jamás se había presentado en anteriores parlamentos”, manifestó.

A su turno, el congresista Columbus sostuvo que la Comisión Especial Multipartidaria de Ordenamiento Legislativo, espacio que el parlamentario preside, tiene por finalidad reforzar la eficacia de la labor congresal. El legislador también indicó que una de las propuestas de esta comisión es mejorar el servicio parlamentario y ‘romper el molde’ que se ha mantenido durante muchos años. “En la Comisión buscamos tecnificar la labor parlamentaria y que se cumpla, de manera más eficiente, los procedimientos dentro del Congreso. Una de las propuestas que hemos realizado es buscar la eficiencia en el tiempo de debate del parlamento; también se ha planteado una reforma, de índole legal, para que todas las normas antes de ser aprobadas sean pre publicadas para que la ciudadanía se entere de lo que se quiere legislar; y además, hemos planteado el análisis costo-beneficio en donde se debe tener claro si el costo de la norma a implementar es mayor, menor o igual al beneficio potencial que le pueda generar a la población”, indicó el congresista durante su intervención.

Por su parte, Milagros Campos destacó que, en su opinión, las reformas en el Congreso deben pasar primero por un diagnóstico previo antes de ser legisladas. “Muchos de los problemas del Congreso nacen en los partidos políticos. Otro tema fundamental es que cuando se legisla, no se puede legislar solo para presentar proyectos de ley o porque un parlamentario será evaluado, solo se legisla en la medida que haya un problema que solucionar y que la solución sea normativa”, indicó.

La abogada también manifestó que, en su opinión, se ha legislado de manera rápida, recurriendo al sistema de “fast track”; es decir, que se legisla para exonerar el trámite de comisiones y, luego llegar al Pleno, donde se debate. Por ello, es importante que los congresistas vayan a votar conociendo toda la información del proyecto. “No se puede legislar de espaldas a la sociedad y, para hacer reformas, se requiere voluntad política”, anotó.

A su turno, Oscar Urviola indicó que todo el proceso legislativo debe estar impregnado de principios y valores humanistas en favor de los derechos fundamentales de todos. “En lo que concierne al Tribunal Constitucional y lo que se ha dicho sobre el proceso legislativo y su concordancia con el orden constitucional, es importante recalcar que en un Estado Constitucional de Derecho son los derechos los que determinan la validez y eficacia de las leyes, y no a la inversa. Antes, la ley tenía un valor absoluto, pero hoy se debe tener preminencia de los derechos humanos. Una ley que no respete los derechos humanos, no vale. Los derechos hacen que la ley tenga validez”, comentó.

Asimismo, sobre las irregularidades que se presentan actualmente en el proceso legislativo, el expresidente del Tribunal Constitucional manifestó que no datan solo de este Congreso, sino que son producto de la modalidad unicameral, que, según indica, ya cumplió su ciclo. Mencionó, además, que el gran problema del Congreso es la exoneración del segundo debate, el cual si se daba cuando existía doble cámara, y en una cámara se daba solo algunas veces. De igual modo, comentó que, si bien esta puede ser una solución, la bicameralidad trae consigo sus propios problemas.

En relación a la viabilidad del retorno de la bicameralidad, el congresista Columbus manifestó que apoya este sistema pero que primero se deben cambiar los cuadros políticos, debido a que la bicameralidad no cambiaría las cosas por si solas, y que se necesita una materia prima diferente, en referencia a las autoridades que ocupen estos cargos a futuro.

Sobre este tema, Milagros Campos también apoyó la propuesta y si bien consideró que existen riesgos, también especificó que hay un argumento central que se debe tomar en cuenta para su implementación, el cual es la deliberación. Para la abogada, la premura que tienen algunos congresistas en legislar más rápido conlleva a que vulneran determinados procedimientos y, en ese sentido, la posibilidad de que exista una segunda cámara podría funcionar como un control intraorgánico sobre la materia a legislar.

Como cierre Oscar Urviola resaltó que toda reforma política debe también considerar el papel que juega la opinión pública en las legislaciones, la cual debe ser fortalecida. “Si no hay ciudadanía, las instituciones no funcionan, y por eso debemos invertir en el Perú, principalmente en educación cívica, para formar peruanos que puedan asumir cargos a futuro y que estén comprometidos con el país”, finalizó.

Como conclusión de este CADEx, María Alejandra Campos, quien dirigió la conversación, sostuvo que, si bien hay pequeñas reformas que se deberían implementar a nivel legislativo, tal como se ha expuesto en el evento, todas ellas deben ser vigiladas por la ciudadanía y los medios de comunicación. De esta forma, se garantizaría un sistema político más transparente y representativo.

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