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NOTA DE PRENSA – IPAE: Una meritocracia real en el sector público es el único camino para salir de la crisis que el país enfrenta

28/03/2022
  • IPAE Asociación Empresarial recuerda que solo con funcionarios idóneos y éticos es posible implementar políticas públicas a favor de la ciudadanía.

Lima, marzo de 2022. – La crisis producida en PetroPerú, que incluso ha perjudicado el riesgo crediticio de la empresa estatal y, al mismo tiempo, a todos los peruanos, es una nueva muestra de la falta de liderazgo y capacidad del gobierno para nombrar cuadros adecuados en puestos clave para el desarrollo del país.

A esto se suma la decisión de la Calificadora Standard & Poor’s, que redujo la calificación soberana del Perú debido a la constante inestabilidad política. Este es un duro golpe para la economía de la nación y para la del ciudadano de a pie, ya que la calificación de cinco bancos peruanos y dos entidades estatales, COFIDE y Mi Vivienda, también se ha reducido. Esto, lamentablemente, se reflejará en tasas de interés más altas y menor acceso al crédito para los peruanos.

El país enfrenta una crisis. Superarla requiere de funcionarios públicos capaces y éticos, que trabajen por el bien de la nación y no por intereses particulares. Sin una meritocracia real, será imposible que el Perú logre brindar servicios públicos de calidad, cree igualdad de oportunidades para todos o se encamine hacia la senda del desarrollo. Lamentablemente, el actual gobierno continúa designando funcionarios poco idóneos, sin capacidades técnicas, experiencia laboral ni la integridad ética necesaria en todo servidor público.

En este contexto, IPAE Asociación Empresarial expresa su preocupación por la falta de funcionarios idóneos y las decisiones que pueden afectar aún más la meritocracia en el sector público, como la adscripción de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

“La Constitución reconoce derechos a ser garantizados por el Estado. Para impulsar una administración pública eficiente que promueva y cautele dichos derechos, se debe seleccionar funcionarios idóneos, con amplia experiencia profesional y sólidos principios morales y democráticos. Para ello, el Estado cuenta con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que debe anteponer los intereses ciudadanos a los de los funcionarios, y por ello su ubicación como entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros”, expresó Elena Conterno, Presidenta de IPAE Asociación Empresarial.

Al respecto, la organización ha elaborado la Ruta Perú “Eficiencia en el sector público: recursos humanos para servicios públicos de calidad”. Este documento tiene como objetivo mejorar el nivel de los profesionales en el sector público, pues son los responsables del diseño e implementación de políticas y proyectos, así como de brindar servicios de calidad para el ciudadano. La Ruta indica que un servicio civil profesionalizado conlleva a: (i) un mayor ingreso per cápita; (ii) una mejora en la provisión de servicios; y (iii) una mejora en la confianza en el Gobierno; todo lo cual se traduce en mayor bienestar para la ciudadanía.

“Lamentablemente, desde el inicio de este gobierno todos los peruanos hemos podido observar una serie de malas designaciones que ya se ven reflejadas en serios indicios de corrupción, como en PetroPerú y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la caída del nivel del servicio (basta ver la demora en la entrega de brevetes y pasaportes); la desaceleración de vacunación e inversión pública; y la desidia del gobierno en temas clave, como el reinicio de clases presenciales en universidades”, lamentó Conterno.

Dentro de este preocupante panorama, una medida positiva es la aprobación, por parte del Congreso, de la Ley 31419, que establece requisitos para viceministros, secretarios generales y otros cargos de la administración pública. Es necesario que se aprueben requisitos similares para los ministros, para lo cual existe un proyecto de ley en el Congreso que esperamos pronto se apruebe vía insistencia.

Las principales medidas propuestas por IPAE Asociación Empresarial para implementar la meritocracia en el gobierno -que han sido puestas a disposición de las autoridades correspondientes – incluyen impedir nombramientos y ascensos automáticos; mejorar las políticas de contratación en el Estado; garantizar los ingresos por concursos públicos transparentes y regular la negociación colectiva en el sector público. Para consultar el documento completo, ingresa a este enlace: https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/09/Ruta-Peru-Eficiencia-en-el-sector-publico.pd

Acerca de IPAE Asociación Empresarial

IPAE es una asociación privada, independiente, sin fines de lucro, que convoca, reflexiona, propone y ejecuta iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, la economía de mercado, la empresa y la educación para hacer del Perú un país desarrollado. Desde hace 62 años, contribuye a la formación de instituciones e iniciativas como ESAN, SENATI, IPAE Escuela de Empresarios, CONFIEP, Identicole y Ponte en Carrera, entre muchas más. A lo largo de su vida institucional, IPAE ha consolidado los CADEs como los foros más reconocidos del país gracias a su continuidad y participación activa de los líderes del sector privado, público y la academia.

 

COLUMNA DE OPINIÓN – RETROCEDIENDO EN LO AVANZADO

28/03/2022

En días pasados, la Calificadora Standard & Poor’s rebajó la calificación crediticia de Petroperú, luego la del país y, posteriormente, de diversos bancos y entidades peruanas. Es decir, dadas las malas decisiones que viene implementando este gobierno, ahora somos menos confiables como sujetos de crédito. Ello implica que cuando una empresa o una persona quiera endeudarse, el costo será mayor por el mayor riesgo país asociado.

El caso de Petroperú, una de las empresas públicas más grandes del país, es realmente lamentable. Según han destacado especialistas, la rebaja en la calificación de los bonos de la empresa pública los lleva a nivel “basura”. Recordemos que hace unos meses relevaron a toda la plana gerencial de manera inusual lo que evidenció el manejo político que había detrás y la improvisación del actual gobierno en la decisión, que no hace más que ahondar en la precarización de la administración pública.

El gobierno ha ido socavando los esfuerzos por mantener una sólida confianza de los inversores y limitando las perspectivas de gestión de Petroperú. Luego de ello, ha venido la compra de combustible en el que existen serios indicios de corrupción, que llegan hasta Palacio de Gobierno; así como su intento de exigir una cláusula de confidencialidad atípica a la firma auditora. Hace poco se anunció que la Nueva Refinería de Talara empezaría de manera gradual y progresiva el próximo 14 de abril, esperamos que sea así.

El país enfrenta una grave situación que deja claro que el Estado es un mal empresario. Según resalta la literatura, lamentablemente se suele hacer un manejo clientelista y hasta corrupto de la gestión, en que los malos resultados los pagamos todos. Cabe recordar que, cuando una empresa privada tiene mal manejo, quiebra. En cambio, cuando una empresa estatal quiebra, todos tendremos que pagar los costos de ello.

Sin una meritocracia real para tener funcionarios públicos capaces y éticos, será imposible que el Perú logre brindar servicios de calidad, cree igualdad de oportunidades o se encamine hacia la senda del desarrollo. Los invito a leer la #RutaPerú “Eficiencia en el sector público: recursos humanos para servicios públicos de calidad”, propuesta que busca mejorar el nivel de los profesionales en el sector público, pues son los responsables del diseño e implementación de políticas y proyectos, así como de brindar servicios de calidad para el ciudadano.

COLUMNA DE OPINIÓN – MERITOCRACIA EN ALERTA MUY GRAVE

21/03/2022

Como destaca la #RutaPERU de Eficiencia en el Sector Público, la Constitución reconoce derechos ciudadanos a ser garantizados por el Estado. Para impulsar una administración pública eficiente que promueva y cautele dichos derechos, se deben selecciar funcionarios idóneos, con amplia experiencia profesional y sólidos principios morales y democráticos. Para ello, el Estado cuenta con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que debe anteponer los intereses ciudadanos a los de los funcionarios, y por ello su ubicación como entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

En esa línea, para hacer seguimiento a estándares mínimos de respeto a los valores democráticos y al Estado constitucional de Derecho, la Plataforma Vigilantes que conforman 14 organizaciones de la sociedad civil incluye como uno de los indicadores a monitorear que “la designación de altos funcionarios en el Poder Ejecutivo debe recaer en personas con una trayectoria profesional distinguida en la materia, reconocida integridad, e independencia.”

Lamentablemente, desde que arrancó este gobierno se viene incumpliendo este estándar mínimo, incluso a nivel de ministros. Recordemos que, a los pocos días de nombrado el primer gabinete, tanto Defensoría del Pueblo como Contraloría General de la República alertaron sobre malas designaciones. Sin embargo, cínicamente este gobierno sigue designando personas sin experiencia, conocimientos y valores. De hecho, desde el primer informe de la Plataforma Vigilantes, este indicador está en alerta muy grave y sigue estándolo.

Y estas malas designaciones ya se ven reflejadas en serios indicios de corrupción, como es el caso de PetroPerú con la compra de combustible y el Ministerio de Transportes con diversas obras públicas; caída del nivel del servicio, como demoras en emisión de brevetes y pasaportes, desaceleración de la vacunación y de la inversión pública; y desidia, como en el reinicio de clases presenciales en institutos y universidades.

Frente a este situación, bien que el Congreso haya aprobado la Ley 31419, que establece requisitos para viceministros, secretarios generales y otros cargos de la administración pública, y esperamos que pronto apruebe la que establece requisitos para los ministros. En cambio, preocupa que el Ejecutivo esté contemplando que SERVIR sea adscrita al Ministerio de Trabajo, lo cual sería un duro golpe a su institucionalidad. Defendamos la meritocracia y la institucionalidad de SERVIR; de ello dependen los servicios ciudadanos.