CADEx: FRAGMENTACIÓN Y CRISIS DE REPRESENTACIÓN, LOS DOS GRANDES RETOS DE LA GOBERNABILIDAD EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Lima, abril de 2021-. Tras cinco años de crisis política, dos propuestas diametralmente opuestas y un Congreso fragmentado en diez bancadas componen la realidad política del Perú, a poco más de un mes de la segunda vuelta de las elecciones generales, que definirán el gobierno del Bicentenario. Para dar claridad a esta difusa coyuntura, IPAE Asociación Empresarial organizó el CADEx “Segunda vuelta y retos de la gobernabilidad”.

En el evento virtual participaron Alfredo Torres, Presidente Ejecutivo de Ipsos, Adriana Urrutia, Presidenta de Transparencia, y Carlos Meléndez, Socio Director de 50+1. La conducción estuvo a cargo de Ana Lucía Camaiora, Especialista en Reformas Institucionales. Los especialistas analizaron los resultados de la primera vuelta electoral, encuestas de Ipsos sobre intención de voto para los comicios del 6 de junio y sobre los consensos básicos necesarios para poder gobernar el país los próximos cinco años.

Para Alfredo Torres, esta ha sido la elección más fragmentada de la historia del Perú. La explicación está no solo en la crisis social, económica y sanitaria ocasionada por la pandemia, sino también en la crisis política -con un constante enfrentamiento en el Ejecutivo y Legislativo- que viene experimentando el país en los últimos años. “Se ha dado una clara carencia de oferta política. Si bien hemos tenido 18 candidatos presidenciales, lo real es que ninguno de ellos logró cautivar a una gran parte de la población. Los que iban apareciendo punteros rápidamente decepcionaron y cayeron en la intención de voto. Esta es una elección donde por primera vez han ganado los votos en blanco y viciados con un 18,6%. Además, los dos primeros candidatos combinados han recibido apenas 26% de los votos emitidos”, explicó Torres.

En las últimas elecciones presidenciales, contando desde el 2006, la votación combinada de los dos postulantes que pasaron a la segunda vuelta se acercó al 50% de los votos emitidos y más del 60% de los votos válidos. Esta es otra muestra de fragmentación de la elección y la desafección que la ciudadanía siente por la clase política actual. “La misma fragmentación se dio en el Congreso, con un 25% de voto blanco/viciado y 10 organizaciones políticas que alcanzaron representación. Al estar tan fragmentado, va a ser muy difícil para quien resulte elegido presidente conseguir una bancada mayoritaria. Necesitaría que se unan 4 o 5 partidos para lograrlo. Es muy poco probable que eso ocurra y empezaríamos el gobierno con un Ejecutivo débil”, advierte Torres.

Respecto a las perspectivas de cara a la segunda vuelta, Torres detalló que existe todavía un 33% del electorado que aún no decide su voto. Por tanto, el liderazgo de Pedro Castillo (Perú Libre) si bien es claro, aún no es definitivo.

De acuerdo a las cifras de Ipsos, hay un importante contraste entre el voto por nivel socioeconómico. La candidata Fujimori es la favorita del NSE A y Castillo del D y E. También hay un contraste claro entre Lima y el interior del país. Fujimori tiene mayor intención de voto en Lima, donde la clase media es más grande, y Castillo en el interior, especialmente en las áreas rurales y, a nivel geográfico, en el centro y sur del país. “Sin embargo, en el norte, donde se ubican el 23,6% de los electores, a Keiko Fujimori no le ha ido mal. Cuando hacemos preguntas de segunda vuelta termina en el segundo lugar, pero a una distancia recuperable. En alguna medida, se puede decir que en el norte será la región donde se pueden definir las próximas elecciones”, adelanta Torres.

Respecto a la postura económica, las cifras de Ipsos revelan que la mayoría de los peruanos (47%) prefieren un modelo de libre mercado con regulación elevada. “No es un libre mercado absoluto. La mayoría tiene cierta desconfianza hacia la gran empresa y cree que podrían abusar de los trabajadores”, afirmó el presidente de Ipsos.

Frente a este complejo contexto, Adriana Urrutia consideró necesario que tanto los partidos que postulan a la presidencia como los que han alcanzado una representación en el Parlamento se comprometan a respetar la gobernabilidad y la democracia. Para ello, propuso cinco garantías que las organizaciones políticas deberían acatar: (1) Cualquier cambio vinculado a la Constitución debe hacerse mediante el cumplimiento de las reglas democráticas (2) La preservación de la independencia de poderes como mecanismo de pesos y contrapesos (3) Garantizar que el Parlamento no será utilizado como herramienta de oposición al gobierno, tal como ha ocurrido los últimos cinco años (4) Las políticas del uso de la fuerza solo pueden ser realizadas en el marco del respeto de los derechos humanos (5) Los candidatos presidenciales han planteado indultos y es necesario que se hagan en el marco de lo que permite la justicia.

Finalmente, Carlos Meléndez advirtió sobre los peligros que suponen las propuestas populistas para el país. “El populismo puede ser inclusivo e incluir a sectores que están marginados de la representación política. Pero el populismo también puede ser una amenaza para la democracia liberal, del pluralismo, del equilibrio de poderes y los órganos de control”, afirmó.

A modo de conclusión, los especialistas coincidieron en que la gobernabilidad será un reto durante los próximos cinco años, tanto a causa de la crisis sanitaria, social y económica, como por la desafección hacia la clase política que experimenta hoy la población, por responsabilidad de un Estado que no funciona y no alcanza a todos. Por ello, es indispensable que la ciudadanía se involucre en la política y gestión del país. Ello, sumado a las reformas que requiere nuestro sistema de gobierno, nos permitirá enfrentar la crisis de representación que se viene agravando en el país. El Perú necesita de una sociedad civil activa y articulada que exija la preservación de su democracia.

Cabe indicar que, en caso se quiera acceder nuevamente al CADEx: “Segunda vuelta y retos de la gobernabilidad”, se puede ingresar al siguiente enlace:  https://fb.watch/59NBazkmT6/

Sobre CADEx

Es un espacio digital que presenta IPAE Asociación Empresarial. Este busca discutir y poner en agenda temas de relevancia nacional, con la participación de destacados líderes.  Desde IPAE tenemos el firme propósito de impulsar a líderes comprometidos por un Perú desarrollado. Por ello, desde hace 62 años, movilizamos y potenciamos el impacto de los líderes del sector privado, sector público, academia y sociedad civil.

Acerca de IPAE Asociación Empresarial

IPAE es una asociación privada, independiente, sin fines de lucro, que convoca, reflexiona, propone y ejecuta iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, economía de mercado, la empresa y la educación para hacer del Perú un país desarrollado. Desde hace 61 años, contribuye a la formación de instituciones e iniciativas como ESAN, SENATI, IPAE Escuela de Empresarios, CONFIEP, Identicole y Ponte en Carrera, entre muchas más. A lo largo de su vida institucional, IPAE ha consolidado los CADEs como los foros más reconocidos del país gracias a su continuidad y participación activa de los líderes del sector privado, público y la academia.

COMUNICADO- El Congreso de la República y los partidos políticos deben priorizar el equilibrio de poderes

Desde IPAE Asociación Empresarial, hacemos un llamado al gobierno de transición a preservar la democracia en el país, para lo que es vital mantener el proceso electoral ya convocado según las fechas previstas y hacer una transferencia ordenada del poder el 28 de julio de 2021 a las nuevas autoridades electas.

En esa línea, invocamos al Congreso de la República y a los partidos políticos a priorizar el equilibrio de poderes, característica fundamental de las democracias. Por ello, consideramos que debe ser el siguiente Congreso de la República 2021-2026 quien lleve a cabo el proceso de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Discrepamos de la forma como el Congreso de la República ha aplicado la causal de incapacidad moral permanente para así vacar al presidente Martín Vizcarra. Consideramos importante para la institucionalidad futura, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los alcances de esta causal de vacancia. Será importante también que el Ministerio Público y el Poder Judicial realicen todas las investigaciones que correspondan frente a los presuntos actos de corrupción denunciados.

La sociedad debe permanecer alerta a las acciones de este gobierno de transición y exigir que se priorice la atención de la crisis sanitaria y la generación de empleo en el marco de la reactivación económica.

Noviembre de 2020

 

 

NOTA DE PRENSA – #CADEejecutivos: “El COVID-19 ha traído una década de retroceso socioeconómico en apenas un año”

Lima, noviembre de 2020-.  El Perú ha sido gravemente afectado por la pandemia del COVID-19. A la pérdida de más de 34 mil vidas humanas se suma los severos efectos socioeconómicos. Este fue uno de los temas que presentó María Eugenia Mujica, Representante Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas y Exviceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en una nueva edición de los conversatorios CADE, evento organizado por IPAE Asociación Empresarial, en el marco de CADE Ejecutivos 2020. La sesión fue conducida por Felipe Valencia-Dongo, Gerente de Desarrollo Empresarial del Grupo Estrategia y miembro del comité CADE Ejecutivos 2020.

De acuerdo con la especialista, según proyecciones de la CEPAL, el Perú está en el segundo lugar del ranking regional de tasa de decrecimiento del PBI en el 2020, con un -13%, solo detrás de Venezuela. Y lo mismo ocurre si se examina el incremento de la pobreza. María Eugenia Mujica también advirtió que, a causa de la pandemia, se prevé un agravamiento en la severidad y en la brecha de la pobreza y un incremento en la pobreza extrema tanto en las zonas urbanas como rurales.

“Esto implicaría un retroceso de entre 10 y 15 años a comparación de 2019. De acuerdo a un estudio reciente realizado para Unicef, se prevé que cerca de 3,5 millones de personas van a haber caído en la pobreza para el 2020. Este número se suma a los casi 6 millones de peruanos que ya eran pobres en el 2019”, explicó Mujica.

Esta situación dramática afecta aún en mayor medida a los grupos más vulnerables de la población: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y refugiados: “Aún no sabemos cuándo es que se va a acabar la pandemia ni cuál va a ser la magnitud final de sus efectos en las diferentes dimensiones del desarrollo. De lo que sí tenemos total certeza es que cualquier cosa que hagamos para combatir y mitigar estos efectos, debe permitirnos construir de manera conjunta un futuro mejor que no deje a nadie atrás”, recalcó la experta.

Para combatir el avance de la pobreza se debe tener una mirada integral de desarrollo, que ponga a las personas y sus derechos en el centro de la agenda y de las políticas públicas. Además, es necesario trascender más allá de la visión de pobreza limitada solo a ingresos, tal como postulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De esta manera, Mujica recomendó:

  • Llevar a cabo intervenciones costo efectivas y basadas en evidencia que garanticen el acceso universal y de calidad a la salud y la educación y permitan expandir la asistencia social a todos los grupos que lo requieran.
  • Avanzar en el cierre de brechas de acceso a la infraestructura social básica en los hogares, con énfasis en los servicios de agua y saneamiento, la electrificación y -hoy de manera más visible que antes- de la conectividad digital.
  • Enfocarse en la creación de empleo, a través del crecimiento económico, que es el eslabón esencial para la reducción de la pobreza y el financiamiento de la protección social a través de la política fiscal.
  • Priorizar la igualdad de género, con énfasis en el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo adolescente, la prevención y respuesta oportuna a la violencia de género y la impartición de educación sexual integral. Para muestra de su importancia, solo un ejemplo: La interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva y la lentitud en su restablecimiento debido a los desafíos que enfrenta el sector salud, ocasionó que las muertes maternas en el Perú hayan aumentado en un 30%, a comparación del 2019.

“El país sigue siendo enormemente desigual, en términos de la distribución de ingresos y del acceso a los servicios y la infraestructura social básica. Estas desigualdades estaban entrecruzadas con desigualdades de género, étnicas, territoriales. La desigualdad y la pobreza generan afectaciones que van a tener repercusiones gigantes en la posibilidad de que estos niños y niñas puedan desarrollarse adecuadamente, lo que traerá consecuencias tanto en la generación actual como en las futuras. Eso es lo que debemos combatir hoy”, finalizó Mujica.

Cabe indicar que las conclusiones y propuestas de esta dinámica se presentarán en el evento central de CADE Ejecutivos durante la sesión “Enfrentando los retos sociales y la reactivación económica”.

DATO:

Se está en las últimas semanas para ser parte de CADE Ejecutivos 2020, organizado por IPAE Asociación Empresarial. La inscripción para acceder a esta edición es de S/ 1,000.00 (incluye IGV), con tarifas especiales para jóvenes, participantes de regiones y Pymes (S/ 500.00 incluye IGV). Para mayor información ingresar a https://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2020/.

COMITÉ CADE EJECUTIVOS 2020

El Comité de este año es presidio por Mariana Rodríguez, presidenta de Empresarios por la Educación, y la acompaña Elena Conterno, presidenta de IPAE; Luis Estrada, Presidente de CADE Ejecutivos 2019; Alejandra Costa, Curadora General del Comité de Lectura; Alfonso de los Heros, Country President y CEO de Sodexo; María Julia Saenz, Directora Legal&Asuntos Corporativos de Backus; Janice Seinfeld, Directora Ejecutiva de Videnza Consultores; Felipe Valencia-Dongo, Gerente de Desarrollo Empresarial del Grupo Estrategia; Carolina Palacios, Presidente Sudamérica de Burson Cohn & Wolfe – BCW; Manuel Silva, Director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Scotiabank; Fernando Balbuena, Director Ejecutivo de IPAE y Juan Díaz, Gerente del Área de Desarrollo Nacional de IPAE.

AUSPICIADORES CADE EJECUTIVOS 2020

Platino: Intercorp, Southern Copper

Oro: Backus, BBVA, Entel, Ipsos Perú, La Positiva Seguros, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad San Ignacio de Loyola.

Plata: Alafarpe, Amazon, Sistema B, Tata Consulting Group, Uber

Colaborador: EY, Lumen

Acerca de IPAE Asociación Empresarial

IPAE es una asociación privada, independiente, sin fines de lucro, que convoca, reflexiona, propone y ejecuta iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, economía de mercado, la empresa y la educación para hacer del Perú un país desarrollado. Desde hace 61 años, contribuye a la formación de instituciones e iniciativas como ESAN, SENATI, IPAE Escuela de Empresarios, CONFIEP, Identicole y Ponte en Carrera, entre muchas más. A lo largo de su vida institucional, IPAE ha consolidado los CADEs como los foros más reconocidos del país gracias a su continuidad y participación activa de los líderes del sector privado, público y la academia.

NOTA DE PRENSA – CADEx: «No se puede legislar de espaldas a la sociedad y se requiere voluntad política para hacer reformas»

Con el objetivo de discutir cuál es el mejor camino para formular leyes a favor del país y por qué es importante seguirlo, tema de suma relevancia a nivel nacional pero poco discutido y conocido, IPAE Asociación Empresarial presentó CADEx: “Buenas leyes y debido proceso”. Este evento contó con la participación de Diethell Columbus, congresista de la República; Óscar Urviola Hani, expresidente del Tribunal Constitucional; y Milagros Campos, abogada y politóloga. La sesión fue conducida por María Alejandra Campos, politóloga.

Al inicio de la presentación, María Alejandra Campos explicó cómo funciona el proceso parlamentario y lamentó que este no se esté cumpliendo en un gran número de leyes. Comentó, además, que, según investigaciones periodísticas, el 76% de las normas aprobadas no ha pasado por un examen o estudio técnico en las comisiones parlamentarias. Además, en el caso de los proyectos de la ONP, 21 de 22 proyectos no cumplían con estándares técnicos porque no contaban con el análisis costo-beneficio de la ley. “Esta situación se agrava por la gran producción legislativa que existe. Este Congreso presenta 2.5 propuestas por día, situación que jamás se había presentado en anteriores parlamentos”, manifestó.

A su turno, el congresista Columbus sostuvo que la Comisión Especial Multipartidaria de Ordenamiento Legislativo, espacio que el parlamentario preside, tiene por finalidad reforzar la eficacia de la labor congresal. El legislador también indicó que una de las propuestas de esta comisión es mejorar el servicio parlamentario y ‘romper el molde’ que se ha mantenido durante muchos años. “En la Comisión buscamos tecnificar la labor parlamentaria y que se cumpla, de manera más eficiente, los procedimientos dentro del Congreso. Una de las propuestas que hemos realizado es buscar la eficiencia en el tiempo de debate del parlamento; también se ha planteado una reforma, de índole legal, para que todas las normas antes de ser aprobadas sean pre publicadas para que la ciudadanía se entere de lo que se quiere legislar; y además, hemos planteado el análisis costo-beneficio en donde se debe tener claro si el costo de la norma a implementar es mayor, menor o igual al beneficio potencial que le pueda generar a la población”, indicó el congresista durante su intervención.

Por su parte, Milagros Campos destacó que, en su opinión, las reformas en el Congreso deben pasar primero por un diagnóstico previo antes de ser legisladas. “Muchos de los problemas del Congreso nacen en los partidos políticos. Otro tema fundamental es que cuando se legisla, no se puede legislar solo para presentar proyectos de ley o porque un parlamentario será evaluado, solo se legisla en la medida que haya un problema que solucionar y que la solución sea normativa”, indicó.

La abogada también manifestó que, en su opinión, se ha legislado de manera rápida, recurriendo al sistema de “fast track”; es decir, que se legisla para exonerar el trámite de comisiones y, luego llegar al Pleno, donde se debate. Por ello, es importante que los congresistas vayan a votar conociendo toda la información del proyecto. “No se puede legislar de espaldas a la sociedad y, para hacer reformas, se requiere voluntad política”, anotó.

A su turno, Oscar Urviola indicó que todo el proceso legislativo debe estar impregnado de principios y valores humanistas en favor de los derechos fundamentales de todos. “En lo que concierne al Tribunal Constitucional y lo que se ha dicho sobre el proceso legislativo y su concordancia con el orden constitucional, es importante recalcar que en un Estado Constitucional de Derecho son los derechos los que determinan la validez y eficacia de las leyes, y no a la inversa. Antes, la ley tenía un valor absoluto, pero hoy se debe tener preminencia de los derechos humanos. Una ley que no respete los derechos humanos, no vale. Los derechos hacen que la ley tenga validez”, comentó.

Asimismo, sobre las irregularidades que se presentan actualmente en el proceso legislativo, el expresidente del Tribunal Constitucional manifestó que no datan solo de este Congreso, sino que son producto de la modalidad unicameral, que, según indica, ya cumplió su ciclo. Mencionó, además, que el gran problema del Congreso es la exoneración del segundo debate, el cual si se daba cuando existía doble cámara, y en una cámara se daba solo algunas veces. De igual modo, comentó que, si bien esta puede ser una solución, la bicameralidad trae consigo sus propios problemas.

En relación a la viabilidad del retorno de la bicameralidad, el congresista Columbus manifestó que apoya este sistema pero que primero se deben cambiar los cuadros políticos, debido a que la bicameralidad no cambiaría las cosas por si solas, y que se necesita una materia prima diferente, en referencia a las autoridades que ocupen estos cargos a futuro.

Sobre este tema, Milagros Campos también apoyó la propuesta y si bien consideró que existen riesgos, también especificó que hay un argumento central que se debe tomar en cuenta para su implementación, el cual es la deliberación. Para la abogada, la premura que tienen algunos congresistas en legislar más rápido conlleva a que vulneran determinados procedimientos y, en ese sentido, la posibilidad de que exista una segunda cámara podría funcionar como un control intraorgánico sobre la materia a legislar.

Como cierre Oscar Urviola resaltó que toda reforma política debe también considerar el papel que juega la opinión pública en las legislaciones, la cual debe ser fortalecida. “Si no hay ciudadanía, las instituciones no funcionan, y por eso debemos invertir en el Perú, principalmente en educación cívica, para formar peruanos que puedan asumir cargos a futuro y que estén comprometidos con el país”, finalizó.

Como conclusión de este CADEx, María Alejandra Campos, quien dirigió la conversación, sostuvo que, si bien hay pequeñas reformas que se deberían implementar a nivel legislativo, tal como se ha expuesto en el evento, todas ellas deben ser vigiladas por la ciudadanía y los medios de comunicación. De esta forma, se garantizaría un sistema político más transparente y representativo.

Acerca de IPAE Asociación Empresarial

IPAE es una asociación privada, independiente, sin fines de lucro, que convoca, reflexiona, propone y ejecuta iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, economía de mercado, la empresa y la educación para hacer del Perú un país desarrollado. Desde hace 61 años, contribuye a la formación de instituciones e iniciativas como ESAN, SENATI, IPAE Escuela de Empresarios, CONFIEP, Identicole y Ponte en Carrera, entre muchas más. A lo largo de su vida institucional, IPAE ha consolidado los CADEs como los foros más reconocidos del país gracias a su continuidad y participación activa de los líderes del sector privado, público y la academia.

NOTA DE PRENSA – #RUTAIPAE: Se propone que los nuevos ministros se enfoquen también en proteger al adulto mayor

A inicios de julio empezó una nueva convivencia producto del COVID-19, la cuarentena voluntaria, en la que las personas tienen que ser más conscientes sobre su propio cuidado y el de los demás. A esto se suma, que desde el último miércoles hay un nuevo Gabinete Ministerial que guiará los distintos sectores del país para reactivar la economía, frenar los contagios y fortalecer el sistema de salud, de manera urgente. Desde IPAE Asociación Empresarial, se invoca a que los nuevos ministros también incluyan como prioridad en la agenda la seguridad y bienestar de los adultos mayores. En esa línea, se presenta la #RutaIPAE: Estrategia para proteger al adulto mayor en época de COVID-19, brindando un análisis de la situación, evidenciando prioridades y sugiriendo propuestas y responsabilidades.

Desde que llegó la pandemia al Perú, el 69% del total de muertes por esta enfermedad ha sido de personas mayores de 60 años, es decir, 7 de cada 10 fallecidos; en estas circunstancias son vitales las carteras de Salud, impulsando la vacunación preventiva y brindando  atención adecuada y oportuna en centros médicos por COVID-19 y por otras enfermedades de los adultos mayores; asimismo, la de Desarrollo e Inclusión Social reforzando la red de monitoreo y haciendo un seguimiento adecuado para detectar posibles contagios. Desde el Grupo de Trabajo de Protección Social, del área de Desarrollo Nacional de IPAE, se desarrolló la #RutaIPAE para impulsar una estrategia diferenciada para proteger a los adultos mayores, debido a que son uno de los grupos más vulnerables frente a este virus.

“Si bien los adultos mayores siguen en cuarentena, sus familiares y vecinos ya no lo están en muchas ciudades del país, y es importante que estos últimos conozcan y apliquen los protocolos correspondientes para evitar contagiarlos. También resulta de especial relevancia establecer un canal claro para que puedan ser atendidos oportunamente en caso presenten síntomas de contagio. Así, se requiere una estrategia diferenciada para protegerlos, tanto sobre su salud, como en los aspectos sociales y económicos. Este es un trabajo que nos compete a todos como sociedad”, precisó Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial.

Entre los factores de riesgo que padecen, según esta Ruta, están: el de salud, debido a que, a mayor edad, mayor probabilidad de tener diversas afecciones (comorbilidades) que aumentan la severidad del virus.  Tres de cada cuatro adultos mayores presentan una enfermedad crónica (cáncer, diabetes, males cardíacos, molestias respiratorias e infartos) y uno de cada dos tiene alguna discapacidad.

El segundo factor se refiere al acceso a una pensión, que es un ingreso fundamental para que puedan cubrir sus necesidades básicas. En el país, cerca de 1,5 millones de adultos mayores no acceden a ningún tipo de asignación monetaria. El 38,6% recibe una compensación del sistema público o privado y el 14,6% del programa Pensión 65.

Un tercero trata sobre la ausencia de cuidadores en el hogar, según cifras del INEI (2018), el 48% de adultos mayores (alrededor de 1.7 millones) vive solo o acompañado de otro adulto mayor. Esta situación los expone a focos de contagio como los mercados u hospitales al acceder a alimentos y/o medicinas.

Por otro lado, también están quienes viven en Centros de Atención Residencial (CARPAM) que también están en una situación vulnerable.

En lo que va de la pandemia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha puesto énfasis en la supervisión de los Centros de Atención Residencial, en tanto que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lo ha hecho en el monitoreo de aproximadamente 330 mil adultos mayores priorizados.

En atención a su vulnerabilidad frente al COVID-19, será importante desplegar acciones adicionales para la protección de todos los otros adultos mayores, que junto con los anteriores son en total 3,9 millones en el Perú. Al respecto, desde la #RutaIPAE se propone priorizar acciones en: Prevención, Seguridad Social y Alimentaria, Distanciamiento y Protocolos y Supervisión, para disminuir el impacto del COVID-19 en este grupo de la población.

  1. Prevención: Ampliar la cobertura e institucionalizar la red de monitoreo telefónico Amachay, programa liderado por el Midis a raíz del COVID-19, para identificar casos tempranos de COVID-19 y atenderlos, así como brindar soporte emocional a los más vulnerables. Reforzar la estrategia de vacunación contra el neumococo y la influenza para el adulto mayor y mejorar la difusión de esta campaña. Así como retomar la adecuada atención de enfermedades crónicas y otras que se les presenten para evitar el deterioro de su salud por enfermedades más allá del virus.
  2. Seguridad Social y Alimentaria: Evaluar la entrega de un bono excepcional para hogares vulnerables con adultos mayores de 65 años, que no tengan pensión ni otros ingresos. Asimismo, promover las redes comunales o vecinales con el fin de que los vecinos puedan organizarse para la compra y entrega de alimentos y de medicinas a los adultos mayores que vivan solos.
  3. Distanciamiento y Protocolos: Promover el contacto virtual o telefónico de familiares y amigos con los adultos mayores, y evitar el físico. Reforzar, a través de campañas de comunicación, los protocolos que deben seguir los cuidadores de los adultos, quienes cumplen un rol fundamental en este contexto, pero que también atraviesan un alto riesgo. Asimismo, se requerirá que estén entrenados para minimizar sus salidas y mantener el distanciamiento en la medida de lo posible, usando mascarilla y lavándose las manos frecuentemente.
  4.  Supervisión: Garantizar que los Centros de Atención Residencial cumplan con el protocolo dispuesto por el MIMP, y que actúen rápidamente en caso se presente un caso del COVID-19.

Puedes descargar la Ruta en Desarrollo Nacional completa en https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2020/07/RDN-Enfrentando-el-coronavirus.pdf

El documento ha sido elaborado por IPAE Asociación Empresarial, en el marco del Grupo de Trabajo de Protección Social promovido por IPAE, conformado por María Alejandra Campos, Politóloga; José Ignacio Beteta, Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú; Marisol Guiulfo, Gerente General del Consejo Privado de Competitividad; y Jorge Arrunátegui, Economista.