Por Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial.
El tiempo pasa y lamentablemente el Congreso no avanza en aprobar normas importantes de la reforma política, que corren el riesgo de no estar vigentes en las próximas elecciones.
En primer lugar, se requiere aprobar en segunda votación que quienes han cometido delitos graves no puedan ser candidatos ni asumir cargos de confianza. Difícil pensar que nuestros congresistas están en desacuerdo en que debemos evitar que delincuentes asuman la dirección del país y la representación ciudadana. Esperemos que esta norma se apruebe a la brevedad.
En segundo lugar, está la eliminación del voto preferencial. Adaptando lo que señala Alfredo Bullard, debemos tener presente que una democracia sin partidos es como un mercado sin empresas. Necesitamos partidos políticos si queremos una democracia que funcione, en la que autoridades y congresistas tengan una mirada de largo plazo –formada y nutrida en el seno de los partidos políticos, y controlada también por los mismos-.
El voto preferencial socava el funcionamiento de los partidos, al darse prácticas perniciosas en que determinados grupos de interés compran un lugar en la lista para poner a su candidato y en una posición que tenga altas posibilidades de salir electo, de tal forma que luego pueda retribuirles el favor con exoneraciones y beneficios. Debemos eliminarlo.
En tercer lugar, ver cómo queda la reforma de la inmunidad parlamentaria. Sin duda se requerían ajustes, pero lo aprobado en la legislatura pasada no contribuye a una democracia funcional y debe ser revisado. Debemos evitar que la inmunidad parlamentaria se siga utilizando como mecanismo para impunidad. Lamentablemente la Comisión de Ética sigue siendo un escudo protector, en que otorongo no come otorongo.
Finalmente, debemos promover la democracia interna de los partidos. Ideal ir hacia un sistema de un afiliado un voto, de tal forma que los partidos favorezcan una participación activa de sus miembros, sabiendo que habrá democracia al elaborar las listas -y no compadrazgo o apoyo financiero a la campaña-. Lo aprobado en Comisión es un sistema de voto indirecto. Ojalá que esto sea revisado; en cualquier caso, debe contemplarse la participación de la ONPE para garantizar que la democracia interna realmente se verifique.
Fuente: Columna de Opinión del Diario Correo publicada el 15 de agosto de 2020.
Fuente de la imagen: Diario Gestión