PRINCIPIOS DE POLÍTICA SOCIAL EFECTIVA

Para construir una sociedad inclusiva que proteja a los ciudadanos y expanda su progreso y autonomía, necesitamos una POLÍTICA SOCIAL EFECTIVA.

A continuación los pilares y principios que IPAE postula para ello.

Los principios de POLÍTICA SOCIAL EFECTIVA se refieren a cinco pilares:

ciudadanos
prestaciones
institucionalidad
informacion
financiamiento

La Política Social debe responder a las necesidades y potencialidades de los ciudadanos, así como desarrollar sus capacidades y nivelar sus oportunidades:

DERECHO A LA PROTECCIÓN: El amparo del Estado en una situación de vulnerabilidad es un derecho, independientemente de la condición económica, ubicación geográfica, género, idioma, opinión o cualquier otra situación.

CAPITAL HUMANO: El Estado debe garantizar servicios de salud, educación y desarrollo productivo de calidad a todos los peruanos, para darles una base de capital humano que los habilite para la vida.

CIUDADANOS COMPROMETIDOS: Se debe contar con condiciones para que todos los ciudadanos puedan protegerse a ellos mismos, su familia y su futuro.

PREVENCIÓN: El Estado debe promover comportamientos y desplegar prestaciones que eviten situaciones futuras de vulnerabilidad.

CICLO DE VIDA: La política social debe organizarse siguiendo las diferentes necesidades de las personas a lo largo del ciclo de vida, apoyando el desarrollo de sus capacidades y su acceso a oportunidades y tomando en consideración los cambios demográficos.

CARÁCTER DINÁMICO: La política social debe ser diseñada reconociendo el carácter dinámico de la pobreza, de la vulnerabilidad y las características particulares de la clase media peruana, así como la necesidad de adaptación en situaciones de crisis.

Las prestaciones y servicios deben ser de calidad y centrarse en los ciudadanos:

PERTINENCIA: La política social debe responder a la diversidad del país y adaptarse a las necesidades y potencialidades de los espacios territoriales y ciudadanos (prácticas, valores y creencias).

OPORTUNIDAD: Las prestaciones y servicios deben llegar de forma oportuna, con articulación y concurrencia; sin clientelismo.

TRATO DIGNO: La política social debe asegurar un trato digno, libre de cualquier expresión de maltrato, discriminación.

DERECHO DE LOS USUARIOS: El Estado debe asegurar el derecho de los usuarios a comprender los alcances de los servicios y a reclamar por su calidad, integralidad, oportunidad, obteniendo respuestas que corrijan adecuadamente la situación.

El Estado debe organizar prestaciones y servicios con una institucionalidad efectiva:

VISIÓN DE LARGO PLAZO: Las decisiones sobre políticas sociales y los arreglos institucionales para su implementación deben priorizar la continuidad de estrategias que han demostrado ser efectivas, las organizaciones orientan sus decisiones basadas en evidencia, y mantienen recursos humanos técnicamente solventes en los puestos clave.

ACTUACIÓN ARTICULADA CON EFECTIVIDAD: La descentralización requiere la actuación conjunta y coordinada de todos los niveles de gobierno y al interior del propio Poder Ejecutivo, para asegurar que el estado llegue con igual calidad a todo el territorio. Priorizar la provisión efectiva y eficiente de servicios superando las barreras normativas y administrativas. Asegurar igual calidad requiere adaptar decisores, servicios, medios y recursos en cada zona.

CIERRE DE BRECHAS: Adaptar la regulación, asignar competencias y alocar de manera diferenciada los recursos para cerrar las brechas en cobertura (género, territorio, edad, etnicidad).

PARTICIPACIÓN PRIVADA: El Estado debe promover arreglos institucionales que incorporen mecanismos para canalizar orgánica y sostenidamente la participación privada desde una plataforma de contribución amplia: conocimiento, colaboración en gestión, aprovechamiento racional de servicios que ya existen y pueden contribuir a mejorar la gestión.

FLEXIBILIDAD: Se debe reconocer que no hay modelos únicos, pero sí estándares similares; y, para lograrlos, la definición de los arreglos institucionales -quién presta qué y cómo- debe ser flexible y responder a quién lo hará mejor para el ciudadano: sector público -nacional, regional o local-, sector privado o sector social.

La información y los procesos deben permitir:

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE HOGARES: Se debe contar con un padrón de hogares actualizado en tiempo real y a disposición de todos los sectores.

FOCALIZACIÓN: Los procesos deben garantizar una selección de usuarios transparente y adecuada, con criterios claros de ingreso, graduación y salida.

SISTEMA INTEGRADO Y TRANSPARENTE DE INFORMACIÓN DE PRESTACIONES:

  • Contar con una plataforma tecnológica unificada para el registro de información pertinente, a disposición de los prestadores, gestores, usuarios y de la sociedad en general, con la finalidad de mejorar la coordinación intra estado y permitir la vigilancia ciudadana informada.
  • Promover la transparencia en la información sobre usuarios, prestaciones, proveedores y sustento de las decisiones de asignación y gestión.
  • Asegurar la trazabilidad de las atenciones o servicios que reciben las personas.
  • Garantizar la integración de la información para asegurar el acceso de los usuarios a las prestaciones, el acompañamiento de estas durante el ciclo de vida de las personas y evitar filtraciones en los programas y servicios.

MONITOREO Y EVALUACIÓN: Los procesos deben permitir dar seguimiento a la implementación para introducir ajustes oportunamente y contar desde el inicio con mecanismos que garanticen su adecuada evaluación.

INNOVACIÓN EN BASE A EVIDENCIA: La política social debe evolucionar e innovar permanentemente, en base a la evidencia de los resultados.

El financiamiento de la política social debe abordarse con responsabilidad:

SOSTENIBILIDAD FISCAL: La política social debe ser fiscalmente sostenible y sostenida por todos los ciudadanos y empresas.

FINANCIAR SEGÚN PRIORIDAD: El financiamiento público debe cubrir primero las necesidades básicas de toda la población objetivo.

DETERMINACIÓN TÉCNICA DE GASTO CORRIENTE: El Estado debe asegurar que el gasto corriente en políticas sociales sea técnicamente determinado y se asigne y evalúe por su productividad e impacto, pero también garantizando el efectivo ejercicio de los derechos básicos cuando corresponda.