Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, durante el 2019, la estrategia desplegada por el Gobierno logró reducir la anemia en niños de 6 a 35 meses a 40.1% y en los menores de 6 a 11 meses a 59%. Sin embargo, la lucha contra la desnutrición infantil y la anemia se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19. En esa línea, se presenta la #RutaIPAE: Repensando la estrategia contra la anemia infantil en el contexto del COVID -19, desarrollada por el Grupo de Trabajo de Protección Social, del área de Desarrollo Nacional de IPAE Asociación Empresarial, proponiendo repensar la estrategia, con enfoque en la primera infancia y en la asistencia a las familias.
Afecta la lucha contra la anemia, la precarización de los medios de vida de las personas, que impacta en el consumo de los alimentos y directamente con la ingesta calórica de niños y niñas. Asimismo, está la provisión de servicios, en particular aquellos que requieren de la presencia de prestadores y usuarios, como los controles de crecimiento y la suplementación de hierro, que estaría dejando sin continuidad de tratamiento a más de 218,000 niños menores de 5 años; y además, la cobertura de vacunación, que estaría acumulando una brecha de más de 614,000 niños menores de 5 años pendientes de inmunizaciones, a julio de 2020.
Durante el primer semestre, se detuvo las visitas domiciliarias de más de 20,000 promotores por el riesgo de contagio, disminuyó la demanda de servicios de salud preventiva y las visitas a centros de salud. También, se dispone de menos recursos (humanos, presupuestarios, de infraestructura y equipos, etc.) para atender a las demás estrategias sanitarias, a lo que se suma el impacto en el personal médico por encontrarse en la primera línea de atención de la crisis.
Ante este escenario, desde la #RutaIPAE se propone que la estrategia para combatir la anemia priorice la atención a la primera infancia y la asistencia a las familias. Se propone también aprovechar las capacidades de cada localidad, incluyendo al sector privado y a la cooperación internacional, así como el flexibilizar la operación para la introducción de innovaciones y el uso intensivo de la tecnología. Asimismo, se sugiere implementar plataformas de teleconsulta y mensajería de voz y de texto; así como reestructurar el presupuesto.
Del mismo modo, se plantea impulsar la capacitación en temas nutricionales a las familias, incluyendo medios remotos (como en la experiencia de la multiplataforma Aprendo en Casa); la masificación de la producción y/o consumo de alimentos fortificados y la implementación de mercados seguros por los gobiernos locales.
Es crucial implementar el paquete de la primera infancia bajo las medidas de aislamiento social, el cual debe incluir vacunas, tamizaje de peso y talla, gotas de hierro y consejería a las familias. También se plantea:
- Ampliar las competencias del agente comunitario haciéndolo partícipe de la cadena logística, de manera que sus funciones no solo sean de información y seguimiento. Se requiere también evaluar cambios en los protocolos que facilitan la entrega de los suplementos de hierro sin la exigencia de receta médica o, en caso contrario, implementar a la brevedad la receta médica en formato digital.
- Implementar la Ley Marco de Telesalud N° 30421 que ofrece la prestación de servicios de telemedicina, que representa un importante paso para la provisión del servicio bajo la coyuntura actual, en especial para la receta digital, la promoción y la prevención.
- Utilizar el padrón nominal de las municipalidades como un instrumento para organizar la demanda y las visitas domiciliarias. La actualización de esta base de datos permitirá realizar visitas oportunas una vez que los niños cumplan los 120 días de nacidos.
De la misma forma, como medida complementaria, se bosqueja acciones para la asistencia de familias que incluye provisión alimentaria o monetaria a las familias, especialmente aquellas que viven en zonas periurbanas, para ello se sugiere:
- Evaluar el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma para realizar compras locales y distribuirlas a través de los Comités de Alimentación Escolar a los padres de familia de los usuarios del servicio alimentario escolar. Para ello, es necesario la modificación del reglamento para que se permita la compra y distribución a las familias de una canasta para todos los miembros y evitar así una dilución de alimentos que desemboque en dietas inadecuadas para los miembros más vulnerables.
- Revitalizar los comedores populares, especialmente en las zonas periurbanas, aplicando algunas medidas que han venido funcionando, , así como:
- Asegurar un protocolo de higiene en la preparación, empaque y entrega de los alimentos, que sea conocido por los usuarios.
- Contemplar la adquisición de los productos indicados a microempresarios de la localidad y así también contribuir a dinamizar la economía de la zona.
- Actualizar los padrones para una gestión ordenada en el territorio.; Dependiendo de las características de la zona, racionalizar la entrega de raciones evitando aglomeraciones, sea de recojo por turnos, o con entrega a domicilio.
- Al momento del recojo, que personal externo verifique si los hogares cumplen con el compromiso en salud y educación de los niños, mostrando los carnets de vacunación y controles CRED, los reportes de avances o cumplimientos en educación y/o reportando temas de violencia que puedan existir al interior del hogar.
Las alternativas presentadas son complementarias -no excluyentes- y pueden coexistir incluso de acuerdo a las necesidades. Es crucial que se garantice un ente rector que determine contenidos mínimos nutricionales, así como quién compra, y quién distribuye los alimentos.
Puedes descargar la Ruta en Desarrollo Nacional completa en:
El documento ha sido elaborado por IPAE Asociación Empresarial, en el marco del Grupo de Trabajo de Protección Social promovido por IPAE, conformado por y Jorge Arrunátegui, Economista; Marisol Guiulfo, Gerente General del Consejo Privado de Competitividad; María Alejandra Campos, Politóloga; José Ignacio Beteta, Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú.