Como destaca la #RutaPERU de Eficiencia en el Sector Público, la Constitución reconoce derechos ciudadanos a ser garantizados por el Estado. Para impulsar una administración pública eficiente que promueva y cautele dichos derechos, se deben selecciar funcionarios idóneos, con amplia experiencia profesional y sólidos principios morales y democráticos. Para ello, el Estado cuenta con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que debe anteponer los intereses ciudadanos a los de los funcionarios, y por ello su ubicación como entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.
En esa línea, para hacer seguimiento a estándares mínimos de respeto a los valores democráticos y al Estado constitucional de Derecho, la Plataforma Vigilantes que conforman 14 organizaciones de la sociedad civil incluye como uno de los indicadores a monitorear que “la designación de altos funcionarios en el Poder Ejecutivo debe recaer en personas con una trayectoria profesional distinguida en la materia, reconocida integridad, e independencia.”
Lamentablemente, desde que arrancó este gobierno se viene incumpliendo este estándar mínimo, incluso a nivel de ministros. Recordemos que, a los pocos días de nombrado el primer gabinete, tanto Defensoría del Pueblo como Contraloría General de la República alertaron sobre malas designaciones. Sin embargo, cínicamente este gobierno sigue designando personas sin experiencia, conocimientos y valores. De hecho, desde el primer informe de la Plataforma Vigilantes, este indicador está en alerta muy grave y sigue estándolo.
Y estas malas designaciones ya se ven reflejadas en serios indicios de corrupción, como es el caso de PetroPerú con la compra de combustible y el Ministerio de Transportes con diversas obras públicas; caída del nivel del servicio, como demoras en emisión de brevetes y pasaportes, desaceleración de la vacunación y de la inversión pública; y desidia, como en el reinicio de clases presenciales en institutos y universidades.
Frente a este situación, bien que el Congreso haya aprobado la Ley 31419, que establece requisitos para viceministros, secretarios generales y otros cargos de la administración pública, y esperamos que pronto apruebe la que establece requisitos para los ministros. En cambio, preocupa que el Ejecutivo esté contemplando que SERVIR sea adscrita al Ministerio de Trabajo, lo cual sería un duro golpe a su institucionalidad. Defendamos la meritocracia y la institucionalidad de SERVIR; de ello dependen los servicios ciudadanos.
