Las instituciones que hemos suscrito el “PACTO POR LA EDUCACIÓN DE CALIDAD DESDE EL SECTOR PRIVADO” expresamos nuestro rechazo firme y categórico a la aprobación, por insistencia en el Congreso de la República, de la norma que crea 20 nuevas universidades públicas sin evaluación técnica, sin presupuesto garantizado y sin asegurar estándares mínimos de calidad.
Esta decisión ignora las observaciones del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Consejo Nacional de Educación y de diversas instituciones especializadas, que advirtieron sobre los graves riesgos que implica esta medida.
Desde el inicio de este Congreso se han creado 40 nuevas universidades públicas en total, que se suman a las 49 ya existentes. Muchas de ellas aún tienen observaciones pendientes de subsanar para alcanzar apenas las condiciones básicas de calidad.
Se trata de un acto populista e irresponsable, que utiliza las expectativas de la población para fines políticos y pone en riesgo el futuro de miles de jóvenes. Al no asignarse los recursos necesarios, estas instituciones nacen condenadas a la precariedad y al descrédito, debilitando aún más la institucionalidad educativa del país.
En lugar de improvisar nuevas universidades sin sustento, proponemos medidas viables y sostenibles:
- Evaluar técnica y responsablemente la creación de nuevas filiales de universidades públicas ya licenciadas en todo el país.
- Fortalecer el presupuesto de universidades públicas regionales y emblemáticas, para ampliar de manera exclusiva y prioritaria el número de vacantes.
- Otorgar becas integrales (incluyendo vivienda y alimentación) para estudiantes de zonas alejadas, garantizando así acceso equitativo a educación superior de calidad.
Exhortamos al Poder Ejecutivo a presentar de inmediato una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, a fin de dejar sin efecto esta norma que vulnera principios básicos de legalidad, calidad y sostenibilidad.
Asimismo, solicitamos a la Defensoría del Pueblo a mantenerse vigilante y, de ser necesario, interponer las acciones legales correspondientes para proteger el derecho fundamental de nuestros jóvenes de acceder a una educación superior íntegra y de calidad, que los prepare para enfrentar los desafíos del futuro.
¡La defensa de la calidad educativa es tarea de todos!