#CADEejecutivos: “Construir confianza se vuelve un desafío si no se atienden las brechas existentes”

Paracas, noviembre de 2022-. El tercer día de #CADEejecutivos – 60 Ediciones, evento organizado por IPAE Acción Empresarial, dio inicio con la sesión “Hacia un sistema político que funcione” liderado por Adriana Urrutia, Presidenta de la Asociación Civil Transparencia. En este espacio, profundizó sobre la urgencia de una institucionalidad sólida en democracia, así como también realizó propuestas para enfrentar la captura de los partidos políticos y enumeró las reformas políticas esenciales para que el sistema político funcione y el rol de los políticos y empresarios para lograrlo.

Adriana Urrutia comenzó su exposición haciendo un recuento de los hechos que han conducido al debilitamiento del sistema político peruano, entre ellos, la disolución del Congreso, el haber tenido 5 mandatarios en 4 años, entre otros. Además, hizo referencia a los intentos del Ejecutivo y Legislativo de vulnerar el equilibrio de poderes, ataques a la libertad de prensa y de expresión, actos de corrupción en todos los niveles de gobierno, debilidad de partidos políticos, etc.

Asimismo, ahondó en el tema de los discursos de violencia a raíz de las discrepancias ideológicas, especialmente en los espacios digitales. Como resultado, las redes sociales muestran que se ha perdido la capacidad de conversar sobre temas en los que hay desacuerdo y esto se traslada a otros planos, como el político. “En el país hay intentos constantes de exclusión de pensamientos distintos, lo que ha generado un deterioro del debate público, limitaciones al trabajo de la prensa y un clima de hostilidad contra quienes ejercen el periodismo”, compartió.

Siguiendo esa línea, la expositora concluye que la democracia está bajo acecho porque los peruanos no confían en nada ni en nadie y porque la vulneración de la democracia es un tema frente al que muy pocos reaccionan. Asimismo, aseguró que la relación entre confianza interpersonal y confianza en las instituciones es directa. “Poder confiar en los demás depende de varios factores, en un país tan profundamente desigual como el nuestro construir confianza se vuelve un desafío si no se atienden las brechas existentes”, resaltó.

Finalmente, instó al auditorio a reflexionar sobre su responsabilidad en esta situación. “Hemos defendido un modelo de crecimiento que ha dejado de lado el fortalecimiento de las instituciones y se han dejado de lado reformas institucionales y políticas clave que permitan tener otras reglas de juego”, señaló. En ese sentido, propuso al auditoria realizar acciones como trabajar en generar confianza e involucrarse para frenar los ataques a la democracia.

Lo propuesto por la expositora va en línea con el principio de Democracia representativa promovido por IPAE Acción Empresarial, el cual impulsa que los partidos políticos cumplan adecuadamente su rol de representar a la ciudadanía, así como defiende el equilibrio de poderes y el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la libertad de prensa, información y expresión.

#CADEejecutivos – 60 ediciones

Se abordará los indispensables que se requieren para avanzar como país: inversión privada para el progreso, un Estado que funcione e institucionalidad sólida y democracia; promoviendo desde el empresariado el sentido de urgencia, unión y acción que se necesita para salir de la compleja crisis política, social y económica por la que atraviesa el Perú. El Comité de este año es presidido por Felipe Valencia –Dongo, Socio Principal del Grupo Estrategia; junto a él están: Gonzalo Galdos, presidente de IPAE; Rosario Bazán, Presidenta de CADE Ejecutivos 2021 y Fundadora y Gerente General de Danper; Elena Conterno, Expresidenta de IPAE; Adriana Giudice, Gerente General de Austral; Lorena Sandoval, Presidenta de SAVI Motors y Expresidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca; Felipe Ortiz de Zevallos, Fundador y Presidente de APOYO; Elohim Monard, Cofundador de CiviClass; Oswaldo Sandoval, Presidente del Directorio del Grupo Sandoval; Juan Antonio Castro, Director de IPAE; Caroline Gibu, Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día; y Carlos Gallardo, Gerente de Desarrollo Nacional de IPAE.

Para mayor información del evento, ingresa aquí: https://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2022/.

AUSPICIADORES #CADEejecutivos – 60 ediciones

PLATINO: APM Terminals, Backus

Oro: BBVA, INTERCORP, IPSOS, LA POSITIVA, SOFTYS, SOUTHERN PERÚ, WONG Y XIAOMI.

Plata: TELEFONICA, UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Colaborador: ARCA CONTINENTAL, COCA-COLA PERÚ, CIRION, COVIPERÚ, DEVIDA DIAGEO, ENGIE, EY, INDECOPI, KALLPA, REYEMSA, RIMAC, TATA CONSULTANCY SERVICES

Apoyo: ASEI, GRUPO ESTRATEGIA, SECURITAS.

 

Acerca de IPAE Acción Empresarial

IPAE es una asociación privada, independiente, sin fines de lucro, que convoca, reflexiona, propone y ejecuta iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, economía de mercado, la empresa y la educación para hacer del Perú un país desarrollado. Desde hace 63 años, contribuye a la formación de instituciones e iniciativas como ESAN, SENATI, IPAE Escuela de Empresarios, CONFIEP, Identicole, Ponte en Carrera y el macroindicador IPAE Mide, entre otras más. A lo largo de su vida institucional, IPAE ha consolidado los CADEs como los foros más reconocidos del país gracias a su continuidad y participación activa de los líderes del sector privado, público y la academia.

COLUMNA DE OPINIÓN – CONTROL DE DAÑOS

Como IPAE Asociación Empresarial hemos venido lamentando los ataques sistemáticos del gobierno a la democracia y el correcto funcionamiento del Estado. Al respecto, hemos señalado que la permanencia de Pedro Castillo es insostenible y debemos ir hacia un adelanto de elecciones, previa reforma política.

En tanto lo anterior se concrete, también hemos demandado que las instituciones de contrapeso como Fiscalía, Contraloría y Congreso actúen de manera enérgica, para evitar un mayor deterioro de la democracia y desmantelamiento del Estado.

En primer lugar, Fiscalía debe avanzar en los procesos de investigación al presidente Castillo por los casos de la concesión del Puente Tarata III, adquisición de Biodiesel B100, ascensos militares y plagio de tesis. Dilatar la investigación sería avalar la impunidad; la investigación debe retomarse y toda autoridad debe saber que sus actos ilícitos no quedarán impunes.

En segundo lugar, la Contraloría General de la República debe iniciar acciones contra ministros, viceministros y secretarios generales que no cuenten con idoneidad para el ejercicio de la función pública, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 31419 y 31457. Contraloría debe actuar contra quienes incumplan estos ordenamientos y mostrar los resultados de sus acciones de control. En simultáneo debemos exigir al Ejecutivo que informe sobre su adecuación a las normas referidas.

En tercer lugar, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otros, deben reunirse como Consejo de Estado -aún en ausencia del Presidente de la República-, y abordar temas esenciales como: (i) neutralidad en las próximas elecciones regionales y locales, (ii) acciones para proteger la libertad de prensa y de expresión, (iii) cumplimiento de requisitos para designación de ministros, viceministros y secretarios generales, (iv) celeridad en las investigaciones que involucran al Presidente y altos funcionarios.

Finalmente, es importante que el Congreso cumpla sin dilación en interpelar y censurar a ministros con serios cuestionamientos. La decisión de ordenar una inmovilización con vicios de inconstitucionalidad el 5 de abril y otras alertas muy graves reportadas esta semana por la Plataforma Vigilantes, de la cual IPAE es parte, no deben quedar sin responsables políticos.

Debemos avanzar en los tres frentes: reforma política, adelanto de elecciones y control de daños. Demandemos como sociedad civil y ciudadanía que ello sea así.

COLUMNA DE OPINION – DEMANDAMOS NUEVAS ELECCIONES GENERALES

Lamentable la actuación de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que siguen aprobando y proponiendo normas que perjudican a la ciudadanía. Como IPAE Asociación Empresarial demandamos a los líderes políticos un adelanto de elecciones generales, previa reforma política, que nos permita elegir a representantes idóneos que sí trabajen para atender las necesidades de todos los peruanos.

Esta semana vimos en el Congreso el lamentable debilitamiento de la SUNEDU, a pesar de la opinión en contra de especialistas, universidades, organismos internacionales y estudiantes, retrocediendo así en los esfuerzos por brindar una educación de calidad. Vimos también el proyecto contra la educación escolar que combate la desigualdad y la violencia de género en nuestro país, como si no acabáramos de ver lo serísimo de este problema con casos como el abuso sexual de una niña de 3 años y el desparpajo de un joven narrando sin pudor cómo violó a una mujer.

El Congreso aprobó además un nuevo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones, a pesar de posiciones en contra de entidades técnicas, expertos y organismos internacionales, quienes alertaron que no solo atenta contra las pensiones de todos, sino que perjudica en particular a los hogares más vulnerables. Ello por comprometer el acceso de muchos peruanos a una futura pensión, y afectar la economía con un aumento en la inflación. Y también el retiro de la CTS, afectando también este mecanismo de protección social.

Como se señala en el comunicado emitido por IPAE, en el caso del Ejecutivo, continúan los ataques sistemáticos a la democracia y el correcto funcionamiento del Estado. Lo último han sido medidas que desprotegen al grueso de trabajadores -y sin previo diálogo como ha llamado la atención OIT- e insistir con la Asamblea Constituyente, que no responde a las prioridades de los ciudadanos de luchar contra la delincuencia (43%), contra la corrupción (42%) y promover la generación de empleo (33%). Persisten además los serios indicios de corrupción y faltas éticas, en que se ha sumado un caso más de plagio de tesis, esta vez del Presidente de la República.

Desde IPAE hacemos un llamado a toda la sociedad civil, ciudadanía y empresarios a defender la democracia y el correcto funcionamiento del Estado.

 

COLUMNA DE OPINIÓN – MERITOCRACIA EN ALERTA MUY GRAVE

Como destaca la #RutaPERU de Eficiencia en el Sector Público, la Constitución reconoce derechos ciudadanos a ser garantizados por el Estado. Para impulsar una administración pública eficiente que promueva y cautele dichos derechos, se deben selecciar funcionarios idóneos, con amplia experiencia profesional y sólidos principios morales y democráticos. Para ello, el Estado cuenta con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que debe anteponer los intereses ciudadanos a los de los funcionarios, y por ello su ubicación como entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

En esa línea, para hacer seguimiento a estándares mínimos de respeto a los valores democráticos y al Estado constitucional de Derecho, la Plataforma Vigilantes que conforman 14 organizaciones de la sociedad civil incluye como uno de los indicadores a monitorear que “la designación de altos funcionarios en el Poder Ejecutivo debe recaer en personas con una trayectoria profesional distinguida en la materia, reconocida integridad, e independencia.”

Lamentablemente, desde que arrancó este gobierno se viene incumpliendo este estándar mínimo, incluso a nivel de ministros. Recordemos que, a los pocos días de nombrado el primer gabinete, tanto Defensoría del Pueblo como Contraloría General de la República alertaron sobre malas designaciones. Sin embargo, cínicamente este gobierno sigue designando personas sin experiencia, conocimientos y valores. De hecho, desde el primer informe de la Plataforma Vigilantes, este indicador está en alerta muy grave y sigue estándolo.

Y estas malas designaciones ya se ven reflejadas en serios indicios de corrupción, como es el caso de PetroPerú con la compra de combustible y el Ministerio de Transportes con diversas obras públicas; caída del nivel del servicio, como demoras en emisión de brevetes y pasaportes, desaceleración de la vacunación y de la inversión pública; y desidia, como en el reinicio de clases presenciales en institutos y universidades.

Frente a este situación, bien que el Congreso haya aprobado la Ley 31419, que establece requisitos para viceministros, secretarios generales y otros cargos de la administración pública, y esperamos que pronto apruebe la que establece requisitos para los ministros. En cambio, preocupa que el Ejecutivo esté contemplando que SERVIR sea adscrita al Ministerio de Trabajo, lo cual sería un duro golpe a su institucionalidad. Defendamos la meritocracia y la institucionalidad de SERVIR; de ello dependen los servicios ciudadanos.

COLUMNA DE OPINIÓN – CONGRESO, NO ME PROTEGES

Por Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial.

Lamentable el encubrimiento del Congreso, que esta semana se lució con el caso del congresista Luis Cordero Jon Tay, acusado por agresión física y acoso a su expareja.

El lunes, los miembros de la Comisión de Ética votaron por archivar la denuncia en su contra; en tanto que el jueves, luego de las críticas de la sociedad civil y los medios de comunicación, votaron por admitirla a trámite nuevamente, sin un mea culpa de por medio.

Es decir, si la opinión pública no estaba atenta y levantaba la voz, la Comisión habría optado por proteger al acusado, mandando al archivo la denuncia. Con esa actuación, de ética esa Comisión no tiene nada.

Todos debemos ser enérgicos en condenar la violencia de género. Es un problema muy serio del país, que hace que todas las mujeres que forman parte de tu vida como madres, tías, hermanas, hijas, sobrinas o colegas estén en riesgo de ser atacadas por su pareja, alguien del entorno familiar, un vecino o un desconocido que se atraviese en su camino. Es inaceptable, y el combate a este problema requiere el concurso de todos.

Por ello la relevancia de que en los más altos cargos de la sociedad se dé el ejemplo combatiendo estos casos y sancionando a los culpables. De lo contrario se da el mensaje de que no pasa nada, que es normal, sin ninguna sanción. La impunidad NO es una opción.

Lamentable, también, que el Poder Ejecutivo siga manteniendo a tres ministros con denuncias por violencia familiar, trata y abandono del hogar: Silva en Transportes, Ramírez en Ambiente y Alvarado en Vivienda. Según Defensoría del Pueblo, a octubre de este año, se registraban más de 110,000 casos de violencia contra la mujer. Es un serio llamado de atención a la designación de estos personajes, quienes deben ser el ejemplo, tener un comportamiento probo y ético.

No bajemos la guardia. Levantemos la voz para reclamar la investigación y las sanciones que correspondan para quienes son denunciados por violencia. Basta de tolerar la violencia.

Hace pocos días, el 25 de noviembre, en que conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, muchos manifestaron su compromiso en combatir la violencia. Pasemos a la acción.

Fuente: Columna de Opinión publicada en el diario Correo el 11 de diciembre de 2021